La crisis del COVID-19 presenta un desafío para los administradores de deuda soberana. En muchos países, es probable que las tensiones de la deuda superen experiencias anteriores en varias dimensiones, incluido el posible aumento de los requisitos de financiación, la tensión en el funcionamiento del mercado y, para las economías emergentes y en desarrollo (EED), una caída en la demanda externa y el flujo de capital reversiones. Por tanto, los responsables de manejar la deuda soberana deberán estar preparados para utilizar todos los elementos de su manual de crisis, probablemente más que nunca, y aplicar su criterio para navegar con cuidado entre las dislocaciones temporales y los cambios permanentes.

Es claro que, la crisis puede llevar a las autoridades a tomar medidas que se aparten de las prácticas sanas de gestión de la deuda. Al apartarse de las prácticas fiscales sanas, los administradores de la deuda deberán alertar a las autoridades fiscales y monetarias sobre los riesgos provocados por esas desviaciones y tratar de minimizar esos riesgos. Es importante que los responsables de la formulación de políticas tengan claro que tales desviaciones deben ser temporales, estar preparados para deshacerlas tan pronto como terminen los tiempos extraordinarios y comunicarlas de manera efectiva a las partes interesadas del mercado.

Es probable que los gobiernos y los bancos centrales se enfrenten a un aumento significativo de los requisitos de financiamiento como resultado de la crisis, particularmente a corto plazo. Además del aumento de los requisitos de financiación, un deterioro de las condiciones del mercado en las EED puede dificultar que los emisores refinancian la deuda existente y cumplan con los pagos del servicio de la deuda existente que también pueden haber aumentado debido a la depreciación de la moneda.

Asimismo, algunos países pueden enfrentar mayores costos de financiamiento en todo el espectro de vencimientos, que no pueden modificarse mediante operaciones de gestión de la deuda. Si bien algunas economías avanzadas logran experimentar una mayor demanda de valores gubernamentales debido a su condición de refugio seguro, muchas EED pueden enfrentar una disminución en la demanda de bonos gubernamentales (especialmente de no residentes) como resultado de una mayor aversión al riesgo. La percepción del mercado del riesgo crediticio se verá impulsada por mayores requisitos de financiamiento y un deterioro anticipado en la dinámica de la deuda del país. Estos factores pueden manifestarse a través de:

• El aumento de las necesidades de financiación del gobierno central (GC) como resultado de mayores necesidades de gasto y déficit de ingresos.

• Las finanzas públicas y las reservas de divisas en crisis crean dudas sobre la capacidad del GC para pagar su deuda existente;

• Necesidades de financiamiento nuevas o crecientes de gobiernos subnacionales y entidades estatales.

• La generación de pasivos contingentes implícitos y explícitos, como los pedidos de garantías gubernamentales; y

• posibles problemas de liquidez que crean dislocaciones en el mercado interno de bonos.

En consecuencia, es probable que los países de bajos ingresos, sin acceso a financiamiento de mercado o con pequeños mercados de bonos del gobierno nacional, necesiten financiamiento externo adicional para cubrir los aumentos en el gasto y el déficit fiscal inducidos por COVID-19. Aquellos que reúnen los requisitos para obtener préstamos en condiciones favorables podrían tratar de acelerar los desembolsos de los acreedores oficiales y las instituciones financieras internacionales, incluso accediendo a servicios de emergencia.

Finalmente, como recurso ulterior, los Estados pueden intentar aprovechar la iniciativa de alivio de la deuda del G20 (países industrializados y emergentes), que permite a los países suscribir una suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda por parte de los acreedores oficiales bilaterales. Al desarrollar una respuesta a la crisis, los países también pueden aprovechar la asistencia técnica y la creación de capacidad en la gestión de la deuda, que se pueden proporcionar de forma remota. En el marco del Servicio de Gestión de la Deuda y mediante iniciativas de creación de capacidad con apoyo bilateral, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial buscan ayudar a los países a fortalecer sus instituciones, procesos y capacidad de gestión de la deuda para reducir las vulnerabilidades relacionadas con la deuda.