Desde junio de 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha tenido la libertad de aumentar el déficit fiscal con el ánimo de mitigar los efectos adversos de la pandemia por COVID-19. En este sentido surgen preguntas fundamentales como ¿Existe un límite? ¿Quién lo impone? ¿Qué es la regla fiscal? y ¿Por qué es tan importante esta figura para la salud de las finanzas públicas?

La regla fiscal es una Ley (1473) creada en 2011 que comienza a regir desde 2012, la cual estipula que sea un comité de expertos, independiente del Gobierno nacional, que colabore con la fijación de una serie de metas o una senda del déficit fiscal. De esta manera, se busca que las finanzas públicas sean sostenibles en el largo plazo, así como la deuda del gobierno; este objetivo es importante debido a que, sin unas finanzas públicas saludables, básicamente es difícil tener una economía funcionando de manera apropiada. Por tanto, la regla fiscal fija metas puntuales que le van permitiendo al gobierno nacional tener una operatividad normal y un déficit (gastos mayores a los ingresos) adecuado.

Por otra parte, una de las cuestiones importantes a considerar, es la posibilidad que tiene esta regla para controlar el déficit fiscal a futuro. Este es un aspecto problemático, teniendo en cuenta que puede disminuir el margen de maniobra de los gobiernos para enfrentar contingencias como la actual por COVID-19. Precisamente, esa tensión se venía presentando debido a que la regla fiscal se establece para los ciclos normales de la economía; en esta ocasión se estaba convirtiendo en un impedimento para hacer frente a través del aumento en el gasto público a las contingencias creadas por la pandemia.

Por estas razones, en junio del 2020, el Comité de la Regla Fiscal aceptó la propuesta del Gobierno nacional de suspender la aplicación de la norma; esto para evitar fricciones y brindar las respuestas en materia socioeconómica que exige la población. En consecuencia, estas metas han estado suspendidas desde la vigencia pasada y lo estarán por lo que resta de 2021.

Ahora bien, para el año 2020 se estableció una meta del 2,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significaba que el gobierno no podría gastar más 22 billones de pesos sobre sus ingresos, luego por pandemia, el comité autorizó un déficit del 6,1 % (61 billones). Por tanto, la pregunta es ¿sin la regla fiscal cuál es el monto límite que se podría gastar de más o cuál sería el tope de la deuda a adquirir? Precisamente, este es uno de los asuntos álgidos en este debate; uno de los inconvenientes de suspender la regla es la incertidumbre por el déficit, pues no habrá una meta explicita en estos rubros.

Otro aspecto para tener en cuenta es la preocupación por parte de varios sectores de entregarle un cheque en blanco al gobierno para gastar y adquirir deuda; lo anterior, considerando que: 1) debe pagarse esta deuda y, 2) deben identificarse las fuentes de recaudo. En este sentido, el Marco Fiscal de Mediano Plazo es fundamental; se compone del recaudo de impuestos y la expedición o no de paquetes de estímulos fiscales o de gasto, lo que permitirá configurar una cifra que solo se irá conociendo en ese mismo lapso.

Sin embargo, no hay que perder de vista que el Gobierno debe mitigar los efectos del COVID-19 con programas sociales, lo que implica gastos adicionales no contemplados previamente, como el Ingreso Solidario, los subsidios a la nómina, entre otros. Para esto, es importante que la administración les dé a los inversionistas, analistas y al mercado en general una hoja de ruta clara que clarifique cómo se va a dar ese ajuste fiscal.

Asimismo, dentro de la declaración del comité que suspende la aplicación de la norma, también se establece que hacia 2022 el país debe volver a esa senda de déficit, lo que implica la previsión de los pagos y las estrategias para realizarlos, sobre todo en términos de recaudo. Por tanto, la obligatoriedad de una reforma fiscal ha sido planteada desde el principio; sin importar los eufemismos que se utilicen, son estas las medidas generales que se esperan para mitigar el gasto excesivo, pero necesario. En este sentido, una de las virtudes de la regla fiscal radica en que, a través de las recomendaciones realizadas, se podía, de alguna manera, justificar estos ajustes que se traducen en más impuestos para los colombianos, no obstante, ahora el panorama es de incertidumbre.

Finalmente, otro punto importante obedece a la calificación que realizan las centrales de riesgo, pues al no existir un tope del gasto y del endeudamiento el riesgo país (comprende variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional) crece, esto quiere decir que, la probabilidad del incumplimiento de las obligaciones financieras aumenta, aspecto que no es menor si se considera que de esto depende la inversión extranjera o el acceso a financiamiento internacional, las cuales son variables importantes en la generación de empleo y la producción de bienes y servicios. Por estas razones, las señales que envíe el Gobierno en términos de tener un plan serán fundamentales para afrontar un panorama nada favorable.