Durante un ciclo de ponencias organizado por el área de Derecho Privado del Programa de Derecho, en el auditorio Jaime Michelsen, reconocidos expertos y académicos analizaron “La reparación del daño en el contexto del conflicto colombiano”. Los conferencistas invitados fueron: el Procurador Judicial Penal de la Procuraduría General de la Nación, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, el abogado y docente del Poli, Leonardo Acevedo, el magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso, el abogado de la Universidad de La Sabana, doctor en Derecho y ex procurador judicial de apoyo a víctimas, Samuel Serrano Galvis y el sociólogo de la Universidad Nacional experto en daños, Javier Peña.

Durante su presentación sobre la extinción de dominio, el Procurador Judicial Penal, Jairo Ignacio Acosta, comenzó explicando el significado de este término, utilizado para referirse al mecanismo a través del cual, se persiguen los bienes de origen ilícito. Según el funcionario, los bienes son propiedad de alguien, hasta el momento en que éstos son  utilizados para cometer actos ilegales. 

Sin embargo, es muy común que  los bienes ilícitos sean legitimados, a través de diversas acciones, por ejemplo, cuando los hijos de un narcotraficante heredan una propiedad ilegal. “Con el paso del tiempo ese capital cuyo origen y destinación es ilícita, empieza a legitimarse, y termina recibiendo un título lícito, eso es lo que se pretende evitar con la extinción de dominio”, explicó Acosta. 

Por su parte, el docente Leonardo Acebedo centró su intervención en la definición y objetivos de la reparación administrativa, que según él, es toda acción que ejerce el  Estado para reivindicarse con las víctimas del conflicto. Estas acciones deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: el  económico y el psicológico. 

“La reparación administrativa tuvo un camino legislativo a lo largo del cual, fue reconociéndose como un derecho de la víctima, de acceder a programas que le generen satisfacción no solo monetaria, sino personal”, concluyó el profesor.  

En su conferencia, titulada “La experiencia de la reparación en la implementación de la Ley de Justicia y Paz”, el magistrado Eduardo Castellanos Roso analizó algunos en los casos internacionales, en los cuáles se han producido violaciones masivas a los derechos humanos. Algunas de estas experiencias tienen elementos similares y son un referente para el contexto colombiano, en el ámbito de la justicia transicional. 

“Colombia está en un proceso de implementación de diversas reformas, comisiones de verdad y acciones penales, para que las acciones de violación a los derechos de las víctimas no queden impunes”, afirmó Roso. 

Durante la ponencia “Daño Colectivo”, el doctor Samuel Serrano Galvis, explicó cómo se puede identificar la afectación de una comunidad que ha sido objeto de victimización. El docente afirmó que, usualmente, el daño se encuentra disperso en la colectividad y no es fácil de identificar. Según él “El daño es autónomo, tiene una identidad propia que supera los daños individuales. No se trata de sumar el número de víctimas, hay que hacer un análisis del impacto, desde la colectividad”. 

El cierre del evento estuvo a cargo del académico Javier Peña, quien se refirió a los aspectos sociológicos del daño. Peña afirmó que “La realidad jurídica no abarca todo los aspectos sociales que se pueden generar, a partir de una acción de los grupos armados.  El análisis no solo debe abarcar al coautor material de un hecho, sino aquellos elementos sociales que no siempre llegan a nuestras realidades”. 

El ciclo de conferencias es solo una de las iniciativas del programa de derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, que tienen como objetivo  la generación de espacios de reflexión, en torno a las grandes problemáticas de nuestro país.